Educación para todos
La Educación para todos, (Education for All) es un movimiento mundial que busca promover el derecho a la educación de todos, independientemente de la condición o situación que las niñas, niños, jóvenes o adultos puedan estar viviendo. Se trata de promover que los estados eliminen las barreras y las formas de discriminación que hacen imposible el acceso de muchos a la educación.
Para mayor información visite la UNESCO http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=13595&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
La educación inclusiva
El desarrollo de la educación inclusiva es a la vez causa y consecuencia del Movimiento mundial de Educación para Todos (EPT). Esta educación promueve el ejercicio del Derecho a la Educación de todas las niñas, niños y jóvenes, más allá de su situación personal, su condición social o sus posibilidades individualmente contempladas.
La Educación inclusiva parte del reconocimiento de la exclusión y discriminación como un hecho de nuestra educación. En la actualidad en el mundo 75 millones de niños en edad de cursar la enseñanza primaria, de los cuales más de la mitad son niñas, no están escolarizados (Unesco 2009). La pobreza es la causa principal de la exclusión en la mayor parte del mundo. Son los Niños víctimas de abusos, los refugiados o desplazados, los pertenecientes a religiosas o étnicas, los que trabajan, los de poblaciones rurales, con discapacidad, etc.
Estos niños y muchos otros requieren, para no ser excluidos del derecho a la educación, el reconocimiento de sus características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje, para lo cual es necesario que las políticas y los sistemas tengan en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades.
Por ello, La Unesco entiende la inclusión educativa como:
… el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niños/as.
Ver portal de Inclusión Internacional sobre educación inclusiva:http://www.inclusioneducativa.org/?id=99
La Inclusión educativa se propone tanto superar las barreras de los estudiantes en riesgo o vulnerables a la exclusión y la marginalización, como superar las distintas manifestaciones culturales y prácticas educativas que llevan a no hacer posible la participación plena de ciertos estudiantes en la vida y el trabajo dentro de las comunidades, sin importar sus necesidades
Actores de la educación inclusiva
El Estado: El Estado está obligado a hacer cumplir el derecho a la educación, a través de sus instituciones educativas a nivel nacional, departamental, distrital y municipal. Además es el encargado de proponer y desarollar políticas educativas inclusivas.
El Sistema Educativo: El sistema educativo tiene como una de sus principales funciones la prestación de un servicio de calidad, garantizando el acceso a todos los estudiantes. Un sistema educativo inclusivo es aquel que, por encima de cualquier otra característica, se orienta a superar las prácticas discriminatorias, promueve la valoración de la diferencia, acoge la pluralidad y garantiza la igualdad de oportunidades.
1. Para garantizar este servicio de manera inclusiva, deberá tener presente cuatro claves:
Búsqueda de formas apropiadas para responder a la diversidad;
2. Estimulación, a través de un repertorio de estrategias, de la capacidad y creatividad de los estudiantes para enfrentar y resolver problemas;
3. Reconocimiento del derecho de todo niño y adolescente a asistir a la escuela, expresar sus opiniones, tener experiencias de aprendizaje de calidad y lograr resultados de aprendizaje valiosos, y
4. Asumir la responsabilidad moral de dar prioridad a aquellos estudiantes que están en riesgo de ser marginados de la escuela y/o conseguir pobres resultados de aprendizaje.
La Familia: Uno de los principales roles de la familia es contribuir el derecho a la educación, inscribiendo a los niños en una institución educativa y acompañándolos a ellos sus maestros. Es por ello que se hace necesario que desde el momento en que un nuevo integrante forme parte de la familia, tomemos conciencia de que es un ser humano en constante cambio y que con sus características y capacidades personales debe aprender a desenvolverse en el mundo, aportar a la sociedad y desarrollarse como una persona autónoma, con capacidad de decisión y sujeto de derechos y deberes.
Para que una familia sea inclusiva es preciso:
• Revisar las propias creencias y mitos frente a las personas.
• Establecer normas y límites.
• Formar en la máxima autonomía posible en cada etapa de la vida.
• Buscar los apoyos necesarios que respondan a las necesidades particulares
para asegurar el desarrollo de capacidades, incremento de la autonomía, participación en la vida social y el alcance de metas personales.
• Promover una autoimagen positiva considerando las fortalezas y necesidades de cada uno.
• Garantizar la participación activa de los integrantes de la familia en la vida y en las decisiones familiares, respetando la postura y opinión de cada uno.
Según Diana Patricia Martínez Gallego, Consultora Proyecto Inclusión en la Primera Infancia de la Fundación Saldarriaga Concha para hablar de una sociedad y una educación inclusiva “se requiere de una verdadera transformación de paradigma, que transcienda las barreras culturales existentes, que modifique nuestros imaginarios, que nos permita comprender la diversidad como inherente al ser humano, y tener la firme convicción de que la garantía de los derechos de las personas no está mediada por la decisión de alguien que considera equivocadamente que el mundo es homogéneo, y se muestra completamente intolerante respecto a las diferencias.”
Aspectos de la educación inclusiva para poblaciones con discapacidad
Si bien la educación inclusiva no se limita a la garantía del derecho a la educación de los estudiantes con discpacidad, sino que su preocupación es la garantía de la educación para todos, la tradición la relaciona con la discapacidad.
¿Qué es lo específico de la educación inclusiva orientada a estudiantes con discapacidad?
Cómo se define la discapacidad: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) de la ONU define la discapacidad como “un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
Las deficiencias hacen referencia a las limitaciones permanentes como conseciencias de una anormalidades de la estructura corporal y de la apariencia y a la función de un órgano o sistema, cualquiera que sea su causa; es decir, representan trastornos a nivel de órgano.
Las discapacidades reflejan las consecuencias de la deficiencia desde el punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad del individuo; por tanto, representan trastornos a nivel de la persona.
Tipos de discapacidad: física, psíquica, sensorial, cognitiva, mental y la consecutiva a enfermedades crónicas. Ellas se manifiestan en distintos grados y una persona puede tener varios tipos de discapacidades al mismo tiempo.
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La población con discapacidad en Colombia
De acuerdo a la información del Censo Nacional de Población Dane 2005, las personas con discapacidad son 6,19 por cada 100 habitantes con un total de casos de 2.549.153.
El 48,8 % de la población general es de sexo masculino.
Análisis de situación de la Educación de las personas con discapacidad: A pesar de los avances, la discriminación negativa sobre las personas con discapacidad persiste y aún es abismal la proporción de niños con discapacidad excluidos de la escuela con relación a los niños que no tienen. La niñez con discapacidad entra más tarde al sistema educativo o no entra del todo a la educación formal y deserta de ella en mayor proporción que la niñez sin discapacidad.
La población con discapacidad tiene un retraso de 20 años en su educación con respecto a la población sin discapacidad. Según el análisis de Educación Compromiso de Todos:
1. Del total de personas con discapacidad del país matriculados en educación formal, el 66% lo están en primaria, el 20% en secundaria y algo menos del 10% en preescolar; los jóvenes en esta condición que llegan a media son proporcionalmente muy pocos (4,4%). Es decir que la población con discapacidad escasamente termina la primaria por falta de oportunidades.
2. Tres de cada cuatro personas con discapacidad y menos de 18 años que asisten a una institución educativa lo hace a una oficial. Para los mayores de edad la proporción desciende a 2 de cada 10 las que van a instituciones de carácter oficial.
3. La estimación nacional arroja que un 94% de los matriculados van a instituciones integradas, avance de la política pública.
4. La adaptación del modelo pedagógico a las Necesidades Educativas Especiales (NEE) de los alumnos con algún tipo de discapacidad es indispensable para su efectiva inclusión al mundo escolar. Las instituciones educativas que han implementado esta transformación son 6683. Esto es menos de % de todas las entidades educativas del país.
5. Ahora dentro de la población con discapacidad son los rangos extremos de edad, niños y la tercera edad los que tienen la mayor proporción de analfabetas, cifra que habla que dicha discriminación se ha venido controlando en el tiempo. La proporción de analfabetas es mayor para el total de personas mayores de 15 años con discapacidad que para aquellas sin discapacidad. Mientras el índice de analfabetas de 15 a 24 años sin discapacidad llega al 7%, se presenta que el 22.5 % de las personas con discapacidad en ese rango de edad, 475 mil personas, son analfabetas.
6. Los niños y niñas con discapacidad entran más tarde a la educación formal básica, tienen un nivel de repetición alto en los primeros años de la básica primaria, se retiran en mayor proporción que los no discapacitados; todo lo anterior redunda en que cerca de la mitad de ellos tienen como máximo nivel de escolaridad alguno de los 5 niveles básicos. Es decir casi la mitad de las personas con discapacidad llegan como máximo a algún nivel de la básica primaria.
7. En el año 2008, la matrícula de alumnos con discapacidad en Educación Primaria alcanza 68 mil quinientos niños, 1,27% del total de matrícula de este nivel. La proporción de alumnos con discapacidad en la matrícula primaria son más altas que en el nivel preescolar, en todos los departamentos, con excepción de Amazonas, Bogotá Guainía, Guaviare, Norte de Santander y Vaupés.
8. Para los niveles de Secundaria Básica y Media, la proporción de alumnos con discapacidad, en el año 2008, se baja significativamente frente a la lograda en el nivel de Primaria. En efecto, mientras para el nivel primaria, la proporción nacional es 1,27%, para el nivel secundario, es menos de la mitad, 0,56%, con una matrícula de 21,600 alumnos con discapacidad. Los adolescentes con discapacidad solo asisten en 12% en tanto los muchachos de igual edad sin discapacidad asisten en un 72.9 %. Respecto a los adultos y adultos mayores la diferencia en contra de los discapacitados es de 8 y 31 puntos porcentuales respectivamente.
9. En el año 2008, únicamente el 0,4% de los alumnos matriculados en secundaria media tenían alguna discapacidad, porcentaje que corresponde a cerca de la mitad el encontrado para secundaria básica (0,7%). Esta proporción destaca una tendencia de importancia al abandono de los estudios por parte de los jóvenes con alguna discapacidad a su paso hacia la educación secundaria media.
10. La evaluación numérica de instituciones que matriculan personas con discapacidad en forma conjunta con personas sin esa condición o en forma exclusiva es indispensable como un primer indicador de accesibilidad al ejercicio del derecho. Se encontró que para el 2008 el Ministerio de Educación nacional (MEN) registró 24.043 instituciones educativas formales de las cuales un 27.8% informan matricula de personas con discapacidad, es decir algo más de la cuarta parte de las instituciones del país.
11. El país cuenta en todo el territorio nacional 4743 personas capacitadas en diferentes áreas para atender dentro del mundo escolar al total de personas con diferentes discapacidades (limitados sensoriales, motrices, cognitivos, Mentales etc.) matriculadas en todo el sistema educativo (12 grados y 4 niveles); cifra a todas luces escasa.
12. Tres cuartas partes de niños(as) y jóvenes con discapacidad están por fuera del sistema escolar- asunto inadmisible-. El número promedio de alumnos por institución educativa (en todas las sedes) a nivel nacional es de 29.
La necesidad de consolidar la educación inclusiva como concepto y como modelo es prioridad para garantizar el derecho a la educación de la personas con discapacidad. La educación inclusiva implica la transformación de las escuelas y otros centros de aprendizaje para atender a todos los niños, tanto a alumnos de minorías étnicas, a los discapacitados y con dificultades de aprendizaje. La educación inclusiva no es una cuestión marginal, sino que es crucial para lograr una educación de calidad para todos los educandos y para el desarrollo de sociedades más inclusivas. Representa la superación de la educación especial, como modelo que atiende en colegios especiales a los estudiantes con discapacidad, y significa un paso adelante en la integración escolar, como modelo que busca la adaptación de los niños con necesidades educativas especiales a currículos y prácticas homogéneas.
El reto de educar en la diversidad
(la educación inclusiva)
La educación inclusiva promueve el ejercicio del Derecho a la Educación de todas las niñas, niños y jóvenes más allá de su condición personal, su situación social o sus posibilidades individualmente contempladas. Se origina en la toma de conciencia y en la reacción ante las variadas y múltiples formas de discriminación y de exclusión que se dan en los sistemas educativos en contra de quienes se encuentran en vulnerabilidad, o en riesgo en el ejercicio del derecho a la educación, como son personas con discapacidad, pertenecientes a minorías étnicas o culturales, o víctimas de situaciones sociales y políticas.
Desde el año 1991 se ha venido consolidando internacionalmente el Movimiento de Educación para Todos, generando procesos orientados a cambios en la organización institucional, la adecuación en los currículos y planes de estudio, así como el desarrollo de prácticas pedagógicas.
En Colombia desde la Constitución de 1991 y desde la Ley General de Educación del año 1994, se ha venido construyendo una estructura normativa y una política educativa orientadas a garantizar el derecho a la educación para todos.
La Educación Inclusiva es una expresión del Movimiento de Educación para Todos. Se asume como un proceso de transformación y flexibilización de la institucionalidad y de las prácticas educativas en la búsqueda de permitir que todos puedan aprender y formase juntos.
Logros de la Edcación Inclusiva en Colombia
Uno de los logros en materia de educación inclusiva en la legislación existente, que reconoce la atención educativa de los estudiantes con necesidades especiales como parte integrante del servicio público educativo y, por tanto, la asume como un derecho social y una responsabilidad del Estado.
El Ministerio de Educación Nacional y diferentes secretarías de educación territoriales han consolidado programas y proyectos orientados a la atención educativa, de las llamadas poblaciones especiales. (ver definición en el glosario).
A pesar de las limitaciones institucionales y de diferente carácter, se ha logrado construir opciones pedagógicas y metodológicas específicas; intentado la creación de materiales pedagógicos especializados; puesto en marcha procesos de formación de maestros y otros agentes educativos; desarrollado procesos de fortalecimiento de las posibilidades de los colegios y de la educación formal para incluir a estos estudiantes; ha intentado la articulación entre el Ministerio de Educación Nacional, las secretarías de educación, las instituciones y centros educativos y la comunidad educativa de docentes, estudiantes y familias; y ha promovido la participación de diferentes actores y la intervención de todos los estamentos.
Por otra parte, se han construido orientaciones pedagógicas para la atención educativa de estos estudiantes. Estos documentos de orientaciones pedagógicas han contribuido a la reflexión sobre la situación y sobre las condiciones del derecho a la educación de estudiantes con excepcionalidad o discapacidad, han permitido una reflexión conceptual al poner en discusión una posición conceptual específica y han permitido la cualificación de unas determinadas prácticas.
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Retos de la Edcación Inclusiva en Colombia
Para el Ministerio de Educación Nacional, “el reto de fortalecer la capacidad institucional que brinde atención educativa para todos, implica el uso de estrategias que van desde mejorar los procesos de gestión de la entidad territorial hasta el desarrollo de competencias en las comunidades educativas, especialmente de quienes lideran procesos de gestión escolar, de formación docente y de atención pedagógica; “Educar en la diversidad” requiere de la unificación de criterios entre el sistema de calidad y el enfoque de inclusión en las diferentes áreas y procesos de gestión.
La capacidad institucional es una meta a lograr en las instituciones educativas de las entidades territoriales del país con el acompañamiento técnico del Ministerio de Educación Nacional, la participación de distintos sectores y las organizaciones de la sociedad civil.
La iniciativa de cualificar la gestión encaminada a lograr objetivos, centrados en tener instituciones educativas, municipios y un país inclusivo, es un compromiso de todos y todas las personas de Colombia; su gran meta se centra en tener una cultura de la valoración de la diferencia, brindando las oportunidades para que las personas independiente de sus condiciones personales, sociales, económicas, de género, credo e ideales, tengan una plena participación en los procesos que como sujetos sociales de derecho les otorga la Constitución Política de 1991 y sean atendidas de manera pertinente de acuerdo a principios de equidad, solidaridad y participación.”
Ahora bien, se hace necesario reconocer las acciones que se adelantan en las aulas y en los colegios del país, donde son cada vez más los maestros que afirman con sus prácticas el derecho a la educación, de manera particular el de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad, y que ponen en juego estrategias pedagógicas orientadas a crear posibilidades para su participación en ambientes educativos regulares y para facilitar su presencia en culturas escolares en las que conviven con niños sin discapacidad.
Así los retos de la educación pueden establecerse en varios ámbitos como:
• Fortalecer la capacidad de los colegios para atender a estas poblaciones diversas, lo cual significa promover la flexibilidad en las formas de enseñanza y de evaluación de los estudiantes, y fortalecer los apoyos inter sectoriales de la acción educativa con estos estudiantes.
• Difundir y promocionar el derecho a la educación de estos estudiantes de manera tal que las culturas escolares y las comunidades educativas asuman la actitud inclusiva.
• Ampliar y profundizar las acciones formativas para que maestros y maestras de diferentes niveles educativos y de distintas disciplinas puedan asumir el enfoque y las prácticas de la educación inclusiva. No se trata de transformar, como ha venido sucediendo, la mentalidad y los imaginarios de maestro y maestras formados para una educación homogenizadora y homogenizante, que tiene como punto de partida la existencia de estudiantes estandarizados y que supuestamente tienen igualdad en sus capacidades. Por ello, se hace necesario intervenir y transformar la formación inicial para adecuarla a las condiciones concretas en las que los maestros realizarán su futuro ejercicio profesional.
domingo, 28 de agosto de 2011
miércoles, 20 de enero de 2010
CONSTRUYENDO CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD
Nota del periodico EL TABLERO - MEN:
Educación para todos
La política de la Revolución Educativa del gobierno nacional da prioridad a la educación de poblaciones vulnerables y, dentro de ellas, a las que presentan discapacidad porque "si formamos a estas poblaciones que anteriormente estaban marginadas de la educación, le apostamos a que se vuelvan productivas, sean autónomas y fortalezcan relaciones sociales; así, la educación se convierte en un factor de desarrollo para sí mismas, para sus familias y para los municipios en donde viven", explica Fulvia Cedeño, asesora del Ministerio de Educación Nacional.
Durante los últimos cuatro años, el tema de la inclusión se ha dinamizado en las entidades territoriales (véase la sección Debate). En varias de ellas se cuenta con una oferta educativa organizada y con una clasificación de las mismas por niveles, de acuerdo con la gestión que han desarrollado para atender a estas poblaciones¹.
Los datos del Censo de 2005 reportan 392.084 menores de 18 años con discapacidad, de los cuales 270.593 asisten a la escuela 119,831 no lo hacen.
Desde 2003 y hasta 2006, las secretarías reportan la matrícula de 81.757 estudiantes con discapacidad en 4.369 establecimientos educativos. A pesar de estos avances, indudablemente significativos, aún son grandes los retos para lograr que todos ingresen al sistema educativo y sean educados con pertinencia y calidad.
Así pues, la política de inclusión de la población con discapacidad busca transformar la gestión escolar para garantizar educación pertinente a estudiantes que presentan discapacidad cognitiva, síndrome de Down y otros retardos como autismo, limitación auditiva por sordera o por baja audición, limitación visual por ceguera o por baja visión, discapacidad motora por parálisis cerebral u otra lesión neuromuscular y discapacidades múltiples, como ocurre con los sordo-ciegos.
Todas estas personas tienen potencialidades para desenvolverse dentro del espacio educativo y social y pueden acceder a los diferentes niveles y grados de la educación formal de Colombia. La escuela les debe garantizar los apoyos adicionales que demandan, con el fin de que desarrollen las competencias básicas y ciudadanas, aun cuando necesiten más tiempo y otras estrategias para lograrlas.
De la integración a la inclusión
Tradicionalmente, e incluso hoy en día, en diferentes regiones del mundo el concepto de inclusión educativa ha sido restringido a un grupo de estudiantes con necesidades especiales, como aquellos con discapacidades físicas y/o mentales y menores refugiados. Los enfoques y respuestas han sido esencialmente compensatorios y/o correctivos, principalmente mediante el establecimiento de estructuras curriculares, programas de estudio y escuelas especiales diferenciadas. En muchos casos, una de las consecuencias más significativas de una estructura institucional y curricular diferenciada ha sido la segregación y el aislamiento, dentro del sistema educativo, de aquellos estudiantes considerados y a veces estigmatizados como con necesidades especiales.
No se trata de contraponer los modelos de integración e inclusión como opciones excluyentes de política (¿cómo podemos integrar sin incluir, o incluir sin integrar?), sino de entender y avanzar en la idea de que cada escuela enfrenta el desafío concreto de incluir a todos y no dejar a nadie por fuera.
Esto implica, necesariamente, el desarrollo de un conjunto articulado y coherente de políticas referidas, entre otros aspectos, a una propuesta curricular pertinente y relevante inscrita en una visión compartida, que facilita el diálogo entre los diferentes niveles educativos; estrategias pedagógicas variadas y complementarias que atiendan debidamente la especificidad de cada estudiante; disponer de infraestructura física y de materiales didácticos alineados con el proyecto pedagógico; apoyar permanentemente a los docentes en sus aulas para que efectivamente puedan desarrollar el currículo, y dialogar y entender las expectativas y necesidades de las comunidades y de las familias en los niveles locales.
En la educación colombiana se está transitando de un modelo de integración a otro de inclusión de los estudiantes con discapacidad. Y ese concepto pretende que la escuela se transforme y que la gestión escolar se modifique para responder a sus condiciones particulares.
La inclusión significa, entonces, atender con calidad, pertinencia y equidad a las necesidades comunes y específicas que estas poblaciones presentan. Para lograrlo ha sido necesario que gradualmente el sistema educativo defina y aplique concepciones éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos y de valores, lo que está significando implementar estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que abren el camino a una educación que reconoce estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes y que, en consonancia, ofrece diferentes alternativas de acceso al conocimiento y evalúa diferentes niveles de competencia.
La educación inclusiva da la posibilidad de acoger en la institución educativa a todos los estudiantes, independientemente de sus características personales o culturales. Parte de la premisa según la cual todos pueden aprender, siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones y provea experiencias de aprendizaje significativas; en otras palabras, que todos los niños y niñas de una comunidad determinada puedan estudiar juntos.
La inclusión tiene que ver con construir una sociedad más democrática, tolerante y respetuosa de las diferencias, y constituye una preocupación universal común a los procesos de reforma educativa, pues se visualiza como una estrategia central para abordar las causas y consecuencias de la exclusión, dentro del enfoque y las metas de la Educación Para Todos y de la concepción de la educación como un derecho.
El concepto de inclusión ha evolucionado hacia la idea que niñas, niños y jóvenes tienen derecho a la educación, lo que implica equivalentes oportunidades de aprendizaje en diferentes tipos de escuelas, independientemente de sus antecedentes sociales y culturales y de sus diferencias en las habilidades y capacidades²... Aquí cabe la pregunta: ¿por qué el niño o la niña con discapacidad no puede educarse en la misma institución a la que va su hermanito? Ellos también son sujetos de derechos. Se trata de generar ambientes inclusivos en todas las escuelas, por medio de la provisión de un conjunto variado y complementario de ofertas que forman parte de una red escolar integrada y mediante la articulación con otros servicios sociales³
Los estándares básicos de competencias propician un conjunto de criterios comunes acerca de lo que todos los estudiantes pueden lograr en su paso por el sistema educativo; con estos criterios los docentes diseñan estrategias pedagógicas pertinentes para lograr que sus estudiantes las desarrollen. Si estos estudiantes tienen discapacidades, las estrategias deberán tenerlas en cuenta.
En este sentido la política de educación inclusiva se propone atender a los niños, niñas y jóvenes con discapacidades a lo largo de todo el ciclo educativo, desde la educación inicial hasta la superior. La inclusión pretende que dichas poblaciones desarrollen sus competencias para la vida en todos los niveles, alcancen los estándares y puedan aplicar las pruebas de evaluación, con apoyos particulares. Por ejemplo, con un intérprete de lengua de señas para los sordos, un lector para los ciegos, más tiempo y tutoría, para que la población con discapacidad cognitiva, e inclusive que se envíen las pruebas a los municipios en donde habitan quienes tengan dificultad para desplazarse4.
Matricularlos e incluirlos en la educación formal
La Resolución 2565 de 2003 establece que cada entidad territorial debe definir una instancia que efectúe la caracterización y determine la condición de discapacidad de cada estudiante, con el propósito de identificar sus barreras para el aprendizaje y garantizar la participación con miras a proponer los ajustes que la escuela debe hacer para brindarle educación pertinente. Asimismo, se requiere que en los municipios se articulen los servicios de salud y de protección: EPS, ICBF, Desarrollo Social, atendiendo el Marco para las Políticas Públicas y Lineamientos para la Planeación del Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia en el Municipio y las orientaciones pedagógicas para la atención educativa de estudiantes con discapacidades y con talentos excepcionales5, construidas por el ICBF, el Departamento Nacional de Planeación y los Ministerios de Educación y de la Protección Social.
Los padres y madres deben inscribir a su hijo en el proceso ordinario de matrícula establecido en la entidad territorial. En la ficha de inscripción se les pregunta si tiene alguna necesidad educativa especial (NEE), una discapacidad y de qué tipo. Es una manera de conocer de antemano las condiciones, para así garantizar los apoyos correspondientes.
A su vez, las secretarías de educación tienen la obligación de asignarles la institución que les garantice los apoyos más pertinentes, enmarcados en los proyectos educativos institucionales los cuales, por naturaleza, son dinámicos y deben evolucionar no sólo para lograr educación inclusiva, sino para alcanzar buenos resultados de todos los estudiantes. Los colegios en donde se matriculen alumnos con discapacidad deben revisar todos los ámbitos de su gestión escolar, con miras a reorganizar o reorientar sus procesos en función de la inclusión. Es fundamental que las estrategias pedagógicas y de evaluación sean pertinentes para el tipo de discapacidad que presentan los estudiantes matriculados. Además, es necesario promover en las instituciones nuevas formas de relación entre los compañeros con el fin de lograr la aceptación de las diferencias y el apoyo y la solidaridad de los mismos. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes sordos usuarios de señas, se les debe evaluar en castellano escrito o en lengua de señas, y a los estudiantes ciegos, en Braille o con un lector.
En relación con los estándares básicos de competencias, cada institución educativa debe generar estrategias y metodologías que permitan que los estudiantes con NEE los alcancen, estableciendo los ajustes pertinentes. "A partir de 2008 los esfuerzos se centrarán en el desarrollo de modelos y metodologías flexibles para esta población; en revisar las propuestas de Escuela Nueva, Aceleración del Aprendizaje y Cafam entre otras, para ajustar sus estrategias y materiales a las necesidades particulares de la población con discapacidad", explica la doctora Cedeño. Igualmente, se reforzará la labor de consolidación y articulación en los planes de mejoramiento, tanto por parte de las instituciones educativas como de las secretarías de educación, en los cuales la inclusión es un enfoque con miras a lograr cambios culturales y de paradigmas significativos. En el marco de dichos planes, se realizarán procesos de formación de directivos y docentes en el mismo sentido. También se trabajará con las escuelas normales superiores y facultades de educación para que se garantice la presencia de dicha visión en los procesos de formación de los nuevos educadores del país.
Objetivo, ampliar la cobertura
Para garantizar el ingreso al sistema de estas poblaciones existe un marco general de política, dado a conocer desde el 2004 a las 78 entidades territoriales certificadas y que deja en claro, en primera instancia, el derecho que tienen niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad a acceder a la educación en instituciones de educación formal, con los apoyos técnicos, materiales y humanos requeridos.
El segundo punto del marco de política establece que las entidades territoriales deben contar con un diagnóstico de la demanda, basado en el censo de 2005 ( véase el cuadro Censo Dane 2005 ) y el Registro de Discapacidad aplicado por el DANE en más del 60% de los municipios. Se cuenta con esta herramienta para indagar cuántas personas están en edad de recibir educación y cuántos jóvenes y adultos con discapacidad son iletrados. Al contar con esta información las secretarías de educación pueden dedicarse a buscarlos, garantizándoles estos primeros apoyos.
Así mismo, en los municipios donde sea posible, y de acuerdo con su oferta educativa, se deben definir algunas instituciones geográficamente distribuidas que se encargarán de dar atención prioritaria a estudiantes con NEE, y a ellas se les asignarán los recursos económicos, humanos y materiales para llevar a cabo las adecuaciones organizativas, curriculares y de acceso.
Otro tema que apunta a garantizar la cobertura, la pertinencia y la calidad es la formación de los docentes en las escuelas normales superiores y en las facultades de educación. "Si ellos tienen claro que la población con discapacidad tiene derecho a la educación, van a facilitar su acceso y a acogerlos en sus instituciones". Tanto el acceso como la permanencia y la lucha contra la deserción están relacionadas con la transformación de los imaginarios culturales. Al respecto, Fulvia Cedeño dice que "si un papá de un menor con síndrome de Down cree que su hijo no va a aprender, no lo lleva a la escuela, o cuando lo matricula y se enfrenta a una situación institucional negativa, lo retira. Se necesita una formación a padres y madres para que comprendan que su hijo tiene este derecho, sabiendo que puede haber inconvenientes, que pueden ser superados con una atención pertinente".
Por otro lado, la estrategia de cobertura Ni uno menos les garantiza -como a los demás estudiantes- transporte, alimentación y condiciones para que lleguen a la escuela, permanezcan y se promuevan. Los alcaldes y secretarios de educación deben saber que los recursos que su entidad territorial recibe para permanencia, aplican para los estudiantes con discapacidad.
Las autoridades locales también pueden garantizarles el acceso mediante la contratación del servicio de educación con instituciones privadas, que oferten educación inclusiva en preescolar, básica y media.
Inclusión, Planes de Mejoramiento y Planes de Apoyo
La educación inclusiva es una política que se materializa en estrategias de ampliación del acceso, el fomento a la permanencia y a la educación pertinente y de calidad, y el mejoramiento de la eficiencia mediante la asignación de personal de apoyo y la identificación de instituciones educativas que puedan dar atención apropiada. Por lo tanto, el denominado "programa de educación inclusiva" es una actividad articulada a la política de mejoramiento de la calidad desde los planes de apoyo al mejoramiento. Su fundamento es reconocer que en la diversidad cada persona es única y que la educación inclusiva es el vehículo para alcanzar la meta de educación para todos.
Cuando la institución educativa asegura que la inclusión sea el centro de su desarrollo, cuando revisa sus políticas, cultura y prácticas reorientando sus procesos de gestión, entonces el abordaje de los estudiantes con discapacidad se hace desde el enfoque de derechos, lo que garantiza mejor calidad.
Este programa se está desarrollando en 65 municipios de 32 entidades territoriales certificadas, seleccionados con los siguientes criterios: alta demanda de población con discapacidad, que pertenezcan a la Red JUNTOS6 contra la extrema pobreza, que sean mayores receptores de población desplazada o que tengan grupos indígenas. La condición de discapacidad es transversal a otros grupos poblacionales; por ejemplo, en una institución educativa pueden matricularse un indígena de la etnia de los curripacos, con síndrome de Down y en situación de desplazamiento, y un adulto iletrado con discapacidad visual.
La propuesta de trabajo tiene una estructura organizativa articulada a los Planes de Mejoramiento Institucionales y a los planes de apoyo al mejoramiento de las secretarías de educación, y utiliza los materiales de apoyo al mejoramiento generados en el marco de la política de calidad.
Con las secretarías de educación de los municipios certificados se definen las instituciones educativas que van a participar, otorgando prioridad a aquellas que actualmente ofertan educación a población vulnerable y, específicamente, a estudiantes con discapacidad, de tal manera que se involucren alcaldes, concejales, secretarios, diversas organizaciones e instituciones de educación superior. Se les convoca para que desde los planes de desarrollo y sectoriales garanticen los apoyos a los ciudadanos que los necesitan.
En las instituciones de los municipios que inician su transformación hacia la educación inclusiva con calidad, se toma la línea de base mediante la aplicación del Índice de Inclusión, que consiste en un conjunto de materiales que, articulados al PEI, tienen el propósito orientar los procesos de desarrollo escolar. El objetivo es construir comunidades escolares colaborativas que promuevan altos niveles de logro en todos los estudiantes. Este material estimula la realización de un amplio análisis de todos los aspectos que forman parte de la vida de una institución educativa, explica la autoevaluación de las culturas, las políticas y las prácticas, utilizando un conjunto de indicadores, cada uno de los cuales se detalla a través de una serie de preguntas. Por medio de esta exploración se identifican las barreras para el aprendizaje y la participación, se determinan las prioridades de desarrollo de la institución y se ponen en práctica las planificaciones dirigidas a ofertar educación pertinente y de calidad. El Índice de Inclusión puede consultarse en la siguiente dirección Web: www.eenet.org.uk/index_inclusion/Index
Los resultados arrojados en el Índice de Inclusión requieren un proceso de análisis para determinar las condiciones de calidad e inclusión y establecer prioridades en el Plan de Mejoramiento relacionadas con la inclusión. Se acompaña el proceso de transformación gradual y sistemática del servicio educativo, apoyado en estrategias metodológicas y de aprendizaje colaborativo como las didácticas y los modelos educativos flexibles.
Plan complementario de educación
Otra manera de garantizar el éxito de una política de inclusión es que, por ejemplo, el maestro cuente con las herramientas para atender las diversas condiciones de las poblaciones que asisten al aula. Así, la inclusión tiene que ver con estrategias complementarias para asegurar la permanencia que, además de la asignación del personal de apoyo, incluyen materiales didácticos y equipos educativos para favorecer la enseñanza y el aprendizaje, didácticas flexibles que permitan al docente enseñar mejor y garanticen al estudiante las condiciones para aprender más y mejor; y generar alianzas estratégicas para que esos apoyos complementarios lleguen oportunamente a la escuela.
Estos últimos varían de acuerdo con el tipo de discapacidad que presenten los estudiantes:
• Los estudiantes con limitación sensorial requieren, sobre todo, contar con la accesibilidad a la comunicación y a la información. En el caso de las personas ciegas es necesario, entre otros, tener equipos con tecnología de punta como máquina inteligente de lectura, textos en macrotipo y Braille, impresora Braille, libro hablado, Jaws que es un lector de pantalla capaz de leer todos los textos que aparecen en ella e incluso los menús de Windows y de muchos otros programas. Este software requiere el uso de tarjeta de sonido, además de altavoces; igualmente los maestros o el personal de apoyo les deben enseñar el sistema de lectoescritura Braille. Cabe anotar que con las nuevas tecnologías muchas personas ciegas pueden vivir y desarrollarse sin Braille, pues cuentan con máquinas que les leen, computadores que les hablan, etc.
• Los apoyos complementarios para un estudiante sordo usuario de señas los constituyen básicamente los intérpretes de lengua de señas, los modelos lingüísticos y culturales y el material didáctico de tipo visual que permita el desarrollo de la competencia para leer y escribir la lengua castellana. Los estudiantes sordos usuarios del castellano requieren apoyos para el desarrollo de sus competencias comunicativas.
• Quienes presentan discapacidad cognitiva y, por ende, se les dificulta más el aprendizaje, requieren, además de tutores, el uso de materiales como rompecabezas, loterías y la aplicación de didácticas flexibles con el fin de desarrollar sus competencias lectoras y matemáticas.
Buscar aliados y mejorar la calidad
"La idea es que en el posicionamiento de la política de inclusión participen representantes de todas las instituciones, como el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), el Instituto Nacional para Sordos (INSOR), el SENA y la comunidad. Se necesita la articulación con muchas instancias y organizaciones para lograr desarrollar la política. Este trabajo no lo puede hacer sólo el sector de la educación", señala Fulvia Cedeño. Se buscan aliados estratégicos, se convocan instituciones de educación superior, el sector productivo y representantes de otros sectores con la idea de generar capacidad institucional instalada localmente para garantizar los apoyos complementarios que se requieren, por ejemplo para la formación de docentes y el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, entre otros. De esta manera, la política de inclusión se posiciona en el país.
También se busca la cooperación internacional. Actualmente apoyan el desarrollo de la política de inclusión la UNESCO, Inclusión Internacional, la Organización Internacional de Migraciones, Save the Children y Give to Colombia. A nivel nacional son aliados las fundaciones Saldarriaga Concha, Mamonal y Luis Felipe Vélez. "Estamos pidiendo a las entidades territoriales que busquen el apoyo de las empresas de su entorno. Se trata de aprovechar los recursos de responsabilidad social de las empresas para enfocarlos en este tema. Igualmente, los del sector solidario; las cooperativas están financiando proyectos para canastas didácticas que soporten los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales".
Educación para el trabajo
"En una experiencia que tiene lugar actualmente en Caldas, anota la experta Nidia García, se ha contratado a la Universidad de Manizales para que apoye a 22 instituciones educativas oficiales que reportan más de 600 estudiantes matriculados con discapacidad. Para los jóvenes con discapacidad cognitiva desarrollan un semillero de talentos y montan una microempresa de arreglo de computadores; anteriormente, ellos no hacían nada".
De otra parte, señala Fulvia Cedeño, "así como hay quienes no podrán continuar estudios de educación superior, debemos considerar su desarrollo humano y plantear una etapa de transición y formación para el mundo del trabajo. Puede que las personas con discapacidad cognitiva no desarrollen procesos conceptuales muy complejos, pero tienen muy buena memoria; serían muy buenos en control de calidad". "Por ejemplo, en el departamento del Cauca se cumplió una experiencia con personas con síndrome de Down.
Les enseñaron a discriminar los colores rojo, verde y amarillo. Una vez aprendidos estos colores los llevaron a los cafetales y les dijeron que debían coger solamente las pepas de color rojo, no las verdes ni amarillas. Cuando terminaron la tarea, los canastos de ellos tenían casi todas las pepas rojas. En procesos de atención y concentración son muy buenos", agrega Nidia García.
Por esto, el proceso de certificación de las competencias de los jóvenes es necesario y es ahí donde interviene el SENA. Un ejemplo es la certificación de competencias para atención al ciudadano a 130 jóvenes con discapacidad cognitiva que trabajan en Alkosto, en Bogotá, Pereira, Pasto y Villavicencio; más adelante se hará en Barranquilla, Cali y Medellín. Además, el SENA desarrolla proyectos de formación con el apoyo del INCI y del INSOR y con instituciones de educación media. Esta es una muestra de que sí es posible involucrar a todos los sectores en la atención a esta población, haciéndola visible y brindándole oportunidades de productividad.
Para 2010 se espera que por lo menos el 80% de la población con discapacidad asista a la escuela; es complejo llegar al 100% pues hay personas con discapacidades severas o multi-impedidas, a quienes sus condiciones no les permiten ir a la escuela formal. Sin embargo, es responsabilidad de los gobiernos locales ofrecerles programas pertinentes.
Notas
¹ En nivel avanzado, es decir, aquellas entidades territoriales donde las instancias y personas responsables del tema cumplen con sus funciones, tienen organizada la oferta en educación formal en el 60% de los municipios no certificados y en los establecimientos educativos de los municipios certificados, y además conocen y divulgan políticas, normas, orientaciones e indicadores de educación inclusiva, están las siguientes: Antioquia, Atlántico, Caldas, Bello, Cali, Itagüí, Huila, Magdalena, Nariño, Pasto, Neiva, Envigado, Quindío, Risaralda, Armenia, Bogotá, Pereira, Sucre, Sincelejo, Tolima, Tunja, Barrancabermeja, Valle del Cauca, Soledad y San Andrés y Providencia. A su vez, en el nivel medio, que corresponde a aquellas donde las instancias y personas responsables del tema cumplen con algunas de sus funciones, tienen organizada la oferta en educación formal en el 30% de los municipios no certificados, conocen y han iniciado la divulgación de políticas, normas, orientaciones e indicadores nacionales y la producción de las propias, están: Barranquilla, Boyacá, Cauca, Cartagena, Cartago, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Duitama, Chocó, Cúcuta, Dosquebradas, Lorica, Manizales, Medellín, Meta, Fusagasugá, Guainía, Guaviare, Ibagué, Maicao, Norte de Santander, Popayán, Putumayo, Soacha, Tumaco, Bolívar, Ciénaga, Valledupar, Florencia, Santander, Sogamoso, Santa Marta y Villavicencio. Finalmente, en el nivel inicial, o sea aquellas entidades territoriales que han definido instancias y personas responsables pero no han organizado la oferta en educación formal, continúan atendiendo a los estudiantes con discapacidad en instituciones o programas segregados, y todavía no hacen un seguimiento adecuado de las políticas, normas, orientaciones e indicadores de buenas prácticas, se ubican: Amazonas, Arauca, Buenaventura, Caquetá, La Guajira, Bucaramanga, Buga, Floridablanca, Girardot, Girón, Magangué, Montería, Palmira, Sahagún, Tuluá, Turbo, Vaupés y Vichada.
² La UNESCO define inclusión como "un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. Implica cambios y modificaciones en los enfoques, las estructuras, las estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños de la franja etario adecuada y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños". UNESCO. 2005. Guidelines for inclusion: Ensuring Access to Education for All. París:
UNESCO.
³ Tutt. R. (2007). Every Child Included. London: Paul Chapman Publishing / The Association for all School Leaders (NAHT).
4 Actualmente el Icfes coordina los apoyos específicos para las personas con limitaciones visuales y para aquellos con limitaciones auditivas, y ofrece apoyos en los casos de quienes presentan limitaciones cognitivas y físicas.
5 Se han producido ocho documentos con los aportes de los maestros. Su contenido puede consultarse en los sitios web Colombia Aprende y sobre discapacidad (véase la sección Mundo Virtual).
6 La Red JUNTOS es una estrategia de intervención integral y coordinada de los diferentes organismos y niveles del Estado, que tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza extrema y lograr que éstas puedan generar sus propios ingresos de manera sostenible
Educación para todos
La política de la Revolución Educativa del gobierno nacional da prioridad a la educación de poblaciones vulnerables y, dentro de ellas, a las que presentan discapacidad porque "si formamos a estas poblaciones que anteriormente estaban marginadas de la educación, le apostamos a que se vuelvan productivas, sean autónomas y fortalezcan relaciones sociales; así, la educación se convierte en un factor de desarrollo para sí mismas, para sus familias y para los municipios en donde viven", explica Fulvia Cedeño, asesora del Ministerio de Educación Nacional.
Durante los últimos cuatro años, el tema de la inclusión se ha dinamizado en las entidades territoriales (véase la sección Debate). En varias de ellas se cuenta con una oferta educativa organizada y con una clasificación de las mismas por niveles, de acuerdo con la gestión que han desarrollado para atender a estas poblaciones¹.
Los datos del Censo de 2005 reportan 392.084 menores de 18 años con discapacidad, de los cuales 270.593 asisten a la escuela 119,831 no lo hacen.
Desde 2003 y hasta 2006, las secretarías reportan la matrícula de 81.757 estudiantes con discapacidad en 4.369 establecimientos educativos. A pesar de estos avances, indudablemente significativos, aún son grandes los retos para lograr que todos ingresen al sistema educativo y sean educados con pertinencia y calidad.
Así pues, la política de inclusión de la población con discapacidad busca transformar la gestión escolar para garantizar educación pertinente a estudiantes que presentan discapacidad cognitiva, síndrome de Down y otros retardos como autismo, limitación auditiva por sordera o por baja audición, limitación visual por ceguera o por baja visión, discapacidad motora por parálisis cerebral u otra lesión neuromuscular y discapacidades múltiples, como ocurre con los sordo-ciegos.
Todas estas personas tienen potencialidades para desenvolverse dentro del espacio educativo y social y pueden acceder a los diferentes niveles y grados de la educación formal de Colombia. La escuela les debe garantizar los apoyos adicionales que demandan, con el fin de que desarrollen las competencias básicas y ciudadanas, aun cuando necesiten más tiempo y otras estrategias para lograrlas.
De la integración a la inclusión
Tradicionalmente, e incluso hoy en día, en diferentes regiones del mundo el concepto de inclusión educativa ha sido restringido a un grupo de estudiantes con necesidades especiales, como aquellos con discapacidades físicas y/o mentales y menores refugiados. Los enfoques y respuestas han sido esencialmente compensatorios y/o correctivos, principalmente mediante el establecimiento de estructuras curriculares, programas de estudio y escuelas especiales diferenciadas. En muchos casos, una de las consecuencias más significativas de una estructura institucional y curricular diferenciada ha sido la segregación y el aislamiento, dentro del sistema educativo, de aquellos estudiantes considerados y a veces estigmatizados como con necesidades especiales.
No se trata de contraponer los modelos de integración e inclusión como opciones excluyentes de política (¿cómo podemos integrar sin incluir, o incluir sin integrar?), sino de entender y avanzar en la idea de que cada escuela enfrenta el desafío concreto de incluir a todos y no dejar a nadie por fuera.
Esto implica, necesariamente, el desarrollo de un conjunto articulado y coherente de políticas referidas, entre otros aspectos, a una propuesta curricular pertinente y relevante inscrita en una visión compartida, que facilita el diálogo entre los diferentes niveles educativos; estrategias pedagógicas variadas y complementarias que atiendan debidamente la especificidad de cada estudiante; disponer de infraestructura física y de materiales didácticos alineados con el proyecto pedagógico; apoyar permanentemente a los docentes en sus aulas para que efectivamente puedan desarrollar el currículo, y dialogar y entender las expectativas y necesidades de las comunidades y de las familias en los niveles locales.
En la educación colombiana se está transitando de un modelo de integración a otro de inclusión de los estudiantes con discapacidad. Y ese concepto pretende que la escuela se transforme y que la gestión escolar se modifique para responder a sus condiciones particulares.
La inclusión significa, entonces, atender con calidad, pertinencia y equidad a las necesidades comunes y específicas que estas poblaciones presentan. Para lograrlo ha sido necesario que gradualmente el sistema educativo defina y aplique concepciones éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos y de valores, lo que está significando implementar estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que abren el camino a una educación que reconoce estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes y que, en consonancia, ofrece diferentes alternativas de acceso al conocimiento y evalúa diferentes niveles de competencia.
La educación inclusiva da la posibilidad de acoger en la institución educativa a todos los estudiantes, independientemente de sus características personales o culturales. Parte de la premisa según la cual todos pueden aprender, siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones y provea experiencias de aprendizaje significativas; en otras palabras, que todos los niños y niñas de una comunidad determinada puedan estudiar juntos.
La inclusión tiene que ver con construir una sociedad más democrática, tolerante y respetuosa de las diferencias, y constituye una preocupación universal común a los procesos de reforma educativa, pues se visualiza como una estrategia central para abordar las causas y consecuencias de la exclusión, dentro del enfoque y las metas de la Educación Para Todos y de la concepción de la educación como un derecho.
El concepto de inclusión ha evolucionado hacia la idea que niñas, niños y jóvenes tienen derecho a la educación, lo que implica equivalentes oportunidades de aprendizaje en diferentes tipos de escuelas, independientemente de sus antecedentes sociales y culturales y de sus diferencias en las habilidades y capacidades²... Aquí cabe la pregunta: ¿por qué el niño o la niña con discapacidad no puede educarse en la misma institución a la que va su hermanito? Ellos también son sujetos de derechos. Se trata de generar ambientes inclusivos en todas las escuelas, por medio de la provisión de un conjunto variado y complementario de ofertas que forman parte de una red escolar integrada y mediante la articulación con otros servicios sociales³
Los estándares básicos de competencias propician un conjunto de criterios comunes acerca de lo que todos los estudiantes pueden lograr en su paso por el sistema educativo; con estos criterios los docentes diseñan estrategias pedagógicas pertinentes para lograr que sus estudiantes las desarrollen. Si estos estudiantes tienen discapacidades, las estrategias deberán tenerlas en cuenta.
En este sentido la política de educación inclusiva se propone atender a los niños, niñas y jóvenes con discapacidades a lo largo de todo el ciclo educativo, desde la educación inicial hasta la superior. La inclusión pretende que dichas poblaciones desarrollen sus competencias para la vida en todos los niveles, alcancen los estándares y puedan aplicar las pruebas de evaluación, con apoyos particulares. Por ejemplo, con un intérprete de lengua de señas para los sordos, un lector para los ciegos, más tiempo y tutoría, para que la población con discapacidad cognitiva, e inclusive que se envíen las pruebas a los municipios en donde habitan quienes tengan dificultad para desplazarse4.
Matricularlos e incluirlos en la educación formal
La Resolución 2565 de 2003 establece que cada entidad territorial debe definir una instancia que efectúe la caracterización y determine la condición de discapacidad de cada estudiante, con el propósito de identificar sus barreras para el aprendizaje y garantizar la participación con miras a proponer los ajustes que la escuela debe hacer para brindarle educación pertinente. Asimismo, se requiere que en los municipios se articulen los servicios de salud y de protección: EPS, ICBF, Desarrollo Social, atendiendo el Marco para las Políticas Públicas y Lineamientos para la Planeación del Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia en el Municipio y las orientaciones pedagógicas para la atención educativa de estudiantes con discapacidades y con talentos excepcionales5, construidas por el ICBF, el Departamento Nacional de Planeación y los Ministerios de Educación y de la Protección Social.
Los padres y madres deben inscribir a su hijo en el proceso ordinario de matrícula establecido en la entidad territorial. En la ficha de inscripción se les pregunta si tiene alguna necesidad educativa especial (NEE), una discapacidad y de qué tipo. Es una manera de conocer de antemano las condiciones, para así garantizar los apoyos correspondientes.
A su vez, las secretarías de educación tienen la obligación de asignarles la institución que les garantice los apoyos más pertinentes, enmarcados en los proyectos educativos institucionales los cuales, por naturaleza, son dinámicos y deben evolucionar no sólo para lograr educación inclusiva, sino para alcanzar buenos resultados de todos los estudiantes. Los colegios en donde se matriculen alumnos con discapacidad deben revisar todos los ámbitos de su gestión escolar, con miras a reorganizar o reorientar sus procesos en función de la inclusión. Es fundamental que las estrategias pedagógicas y de evaluación sean pertinentes para el tipo de discapacidad que presentan los estudiantes matriculados. Además, es necesario promover en las instituciones nuevas formas de relación entre los compañeros con el fin de lograr la aceptación de las diferencias y el apoyo y la solidaridad de los mismos. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes sordos usuarios de señas, se les debe evaluar en castellano escrito o en lengua de señas, y a los estudiantes ciegos, en Braille o con un lector.
En relación con los estándares básicos de competencias, cada institución educativa debe generar estrategias y metodologías que permitan que los estudiantes con NEE los alcancen, estableciendo los ajustes pertinentes. "A partir de 2008 los esfuerzos se centrarán en el desarrollo de modelos y metodologías flexibles para esta población; en revisar las propuestas de Escuela Nueva, Aceleración del Aprendizaje y Cafam entre otras, para ajustar sus estrategias y materiales a las necesidades particulares de la población con discapacidad", explica la doctora Cedeño. Igualmente, se reforzará la labor de consolidación y articulación en los planes de mejoramiento, tanto por parte de las instituciones educativas como de las secretarías de educación, en los cuales la inclusión es un enfoque con miras a lograr cambios culturales y de paradigmas significativos. En el marco de dichos planes, se realizarán procesos de formación de directivos y docentes en el mismo sentido. También se trabajará con las escuelas normales superiores y facultades de educación para que se garantice la presencia de dicha visión en los procesos de formación de los nuevos educadores del país.
Objetivo, ampliar la cobertura
Para garantizar el ingreso al sistema de estas poblaciones existe un marco general de política, dado a conocer desde el 2004 a las 78 entidades territoriales certificadas y que deja en claro, en primera instancia, el derecho que tienen niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad a acceder a la educación en instituciones de educación formal, con los apoyos técnicos, materiales y humanos requeridos.
El segundo punto del marco de política establece que las entidades territoriales deben contar con un diagnóstico de la demanda, basado en el censo de 2005 ( véase el cuadro Censo Dane 2005 ) y el Registro de Discapacidad aplicado por el DANE en más del 60% de los municipios. Se cuenta con esta herramienta para indagar cuántas personas están en edad de recibir educación y cuántos jóvenes y adultos con discapacidad son iletrados. Al contar con esta información las secretarías de educación pueden dedicarse a buscarlos, garantizándoles estos primeros apoyos.
Así mismo, en los municipios donde sea posible, y de acuerdo con su oferta educativa, se deben definir algunas instituciones geográficamente distribuidas que se encargarán de dar atención prioritaria a estudiantes con NEE, y a ellas se les asignarán los recursos económicos, humanos y materiales para llevar a cabo las adecuaciones organizativas, curriculares y de acceso.
Otro tema que apunta a garantizar la cobertura, la pertinencia y la calidad es la formación de los docentes en las escuelas normales superiores y en las facultades de educación. "Si ellos tienen claro que la población con discapacidad tiene derecho a la educación, van a facilitar su acceso y a acogerlos en sus instituciones". Tanto el acceso como la permanencia y la lucha contra la deserción están relacionadas con la transformación de los imaginarios culturales. Al respecto, Fulvia Cedeño dice que "si un papá de un menor con síndrome de Down cree que su hijo no va a aprender, no lo lleva a la escuela, o cuando lo matricula y se enfrenta a una situación institucional negativa, lo retira. Se necesita una formación a padres y madres para que comprendan que su hijo tiene este derecho, sabiendo que puede haber inconvenientes, que pueden ser superados con una atención pertinente".
Por otro lado, la estrategia de cobertura Ni uno menos les garantiza -como a los demás estudiantes- transporte, alimentación y condiciones para que lleguen a la escuela, permanezcan y se promuevan. Los alcaldes y secretarios de educación deben saber que los recursos que su entidad territorial recibe para permanencia, aplican para los estudiantes con discapacidad.
Las autoridades locales también pueden garantizarles el acceso mediante la contratación del servicio de educación con instituciones privadas, que oferten educación inclusiva en preescolar, básica y media.
Inclusión, Planes de Mejoramiento y Planes de Apoyo
La educación inclusiva es una política que se materializa en estrategias de ampliación del acceso, el fomento a la permanencia y a la educación pertinente y de calidad, y el mejoramiento de la eficiencia mediante la asignación de personal de apoyo y la identificación de instituciones educativas que puedan dar atención apropiada. Por lo tanto, el denominado "programa de educación inclusiva" es una actividad articulada a la política de mejoramiento de la calidad desde los planes de apoyo al mejoramiento. Su fundamento es reconocer que en la diversidad cada persona es única y que la educación inclusiva es el vehículo para alcanzar la meta de educación para todos.
Cuando la institución educativa asegura que la inclusión sea el centro de su desarrollo, cuando revisa sus políticas, cultura y prácticas reorientando sus procesos de gestión, entonces el abordaje de los estudiantes con discapacidad se hace desde el enfoque de derechos, lo que garantiza mejor calidad.
Este programa se está desarrollando en 65 municipios de 32 entidades territoriales certificadas, seleccionados con los siguientes criterios: alta demanda de población con discapacidad, que pertenezcan a la Red JUNTOS6 contra la extrema pobreza, que sean mayores receptores de población desplazada o que tengan grupos indígenas. La condición de discapacidad es transversal a otros grupos poblacionales; por ejemplo, en una institución educativa pueden matricularse un indígena de la etnia de los curripacos, con síndrome de Down y en situación de desplazamiento, y un adulto iletrado con discapacidad visual.
La propuesta de trabajo tiene una estructura organizativa articulada a los Planes de Mejoramiento Institucionales y a los planes de apoyo al mejoramiento de las secretarías de educación, y utiliza los materiales de apoyo al mejoramiento generados en el marco de la política de calidad.
Con las secretarías de educación de los municipios certificados se definen las instituciones educativas que van a participar, otorgando prioridad a aquellas que actualmente ofertan educación a población vulnerable y, específicamente, a estudiantes con discapacidad, de tal manera que se involucren alcaldes, concejales, secretarios, diversas organizaciones e instituciones de educación superior. Se les convoca para que desde los planes de desarrollo y sectoriales garanticen los apoyos a los ciudadanos que los necesitan.
En las instituciones de los municipios que inician su transformación hacia la educación inclusiva con calidad, se toma la línea de base mediante la aplicación del Índice de Inclusión, que consiste en un conjunto de materiales que, articulados al PEI, tienen el propósito orientar los procesos de desarrollo escolar. El objetivo es construir comunidades escolares colaborativas que promuevan altos niveles de logro en todos los estudiantes. Este material estimula la realización de un amplio análisis de todos los aspectos que forman parte de la vida de una institución educativa, explica la autoevaluación de las culturas, las políticas y las prácticas, utilizando un conjunto de indicadores, cada uno de los cuales se detalla a través de una serie de preguntas. Por medio de esta exploración se identifican las barreras para el aprendizaje y la participación, se determinan las prioridades de desarrollo de la institución y se ponen en práctica las planificaciones dirigidas a ofertar educación pertinente y de calidad. El Índice de Inclusión puede consultarse en la siguiente dirección Web: www.eenet.org.uk/index_inclusion/Index
Los resultados arrojados en el Índice de Inclusión requieren un proceso de análisis para determinar las condiciones de calidad e inclusión y establecer prioridades en el Plan de Mejoramiento relacionadas con la inclusión. Se acompaña el proceso de transformación gradual y sistemática del servicio educativo, apoyado en estrategias metodológicas y de aprendizaje colaborativo como las didácticas y los modelos educativos flexibles.
Plan complementario de educación
Otra manera de garantizar el éxito de una política de inclusión es que, por ejemplo, el maestro cuente con las herramientas para atender las diversas condiciones de las poblaciones que asisten al aula. Así, la inclusión tiene que ver con estrategias complementarias para asegurar la permanencia que, además de la asignación del personal de apoyo, incluyen materiales didácticos y equipos educativos para favorecer la enseñanza y el aprendizaje, didácticas flexibles que permitan al docente enseñar mejor y garanticen al estudiante las condiciones para aprender más y mejor; y generar alianzas estratégicas para que esos apoyos complementarios lleguen oportunamente a la escuela.
Estos últimos varían de acuerdo con el tipo de discapacidad que presenten los estudiantes:
• Los estudiantes con limitación sensorial requieren, sobre todo, contar con la accesibilidad a la comunicación y a la información. En el caso de las personas ciegas es necesario, entre otros, tener equipos con tecnología de punta como máquina inteligente de lectura, textos en macrotipo y Braille, impresora Braille, libro hablado, Jaws que es un lector de pantalla capaz de leer todos los textos que aparecen en ella e incluso los menús de Windows y de muchos otros programas. Este software requiere el uso de tarjeta de sonido, además de altavoces; igualmente los maestros o el personal de apoyo les deben enseñar el sistema de lectoescritura Braille. Cabe anotar que con las nuevas tecnologías muchas personas ciegas pueden vivir y desarrollarse sin Braille, pues cuentan con máquinas que les leen, computadores que les hablan, etc.
• Los apoyos complementarios para un estudiante sordo usuario de señas los constituyen básicamente los intérpretes de lengua de señas, los modelos lingüísticos y culturales y el material didáctico de tipo visual que permita el desarrollo de la competencia para leer y escribir la lengua castellana. Los estudiantes sordos usuarios del castellano requieren apoyos para el desarrollo de sus competencias comunicativas.
• Quienes presentan discapacidad cognitiva y, por ende, se les dificulta más el aprendizaje, requieren, además de tutores, el uso de materiales como rompecabezas, loterías y la aplicación de didácticas flexibles con el fin de desarrollar sus competencias lectoras y matemáticas.
Buscar aliados y mejorar la calidad
"La idea es que en el posicionamiento de la política de inclusión participen representantes de todas las instituciones, como el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), el Instituto Nacional para Sordos (INSOR), el SENA y la comunidad. Se necesita la articulación con muchas instancias y organizaciones para lograr desarrollar la política. Este trabajo no lo puede hacer sólo el sector de la educación", señala Fulvia Cedeño. Se buscan aliados estratégicos, se convocan instituciones de educación superior, el sector productivo y representantes de otros sectores con la idea de generar capacidad institucional instalada localmente para garantizar los apoyos complementarios que se requieren, por ejemplo para la formación de docentes y el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, entre otros. De esta manera, la política de inclusión se posiciona en el país.
También se busca la cooperación internacional. Actualmente apoyan el desarrollo de la política de inclusión la UNESCO, Inclusión Internacional, la Organización Internacional de Migraciones, Save the Children y Give to Colombia. A nivel nacional son aliados las fundaciones Saldarriaga Concha, Mamonal y Luis Felipe Vélez. "Estamos pidiendo a las entidades territoriales que busquen el apoyo de las empresas de su entorno. Se trata de aprovechar los recursos de responsabilidad social de las empresas para enfocarlos en este tema. Igualmente, los del sector solidario; las cooperativas están financiando proyectos para canastas didácticas que soporten los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales".
Educación para el trabajo
"En una experiencia que tiene lugar actualmente en Caldas, anota la experta Nidia García, se ha contratado a la Universidad de Manizales para que apoye a 22 instituciones educativas oficiales que reportan más de 600 estudiantes matriculados con discapacidad. Para los jóvenes con discapacidad cognitiva desarrollan un semillero de talentos y montan una microempresa de arreglo de computadores; anteriormente, ellos no hacían nada".
De otra parte, señala Fulvia Cedeño, "así como hay quienes no podrán continuar estudios de educación superior, debemos considerar su desarrollo humano y plantear una etapa de transición y formación para el mundo del trabajo. Puede que las personas con discapacidad cognitiva no desarrollen procesos conceptuales muy complejos, pero tienen muy buena memoria; serían muy buenos en control de calidad". "Por ejemplo, en el departamento del Cauca se cumplió una experiencia con personas con síndrome de Down.
Les enseñaron a discriminar los colores rojo, verde y amarillo. Una vez aprendidos estos colores los llevaron a los cafetales y les dijeron que debían coger solamente las pepas de color rojo, no las verdes ni amarillas. Cuando terminaron la tarea, los canastos de ellos tenían casi todas las pepas rojas. En procesos de atención y concentración son muy buenos", agrega Nidia García.
Por esto, el proceso de certificación de las competencias de los jóvenes es necesario y es ahí donde interviene el SENA. Un ejemplo es la certificación de competencias para atención al ciudadano a 130 jóvenes con discapacidad cognitiva que trabajan en Alkosto, en Bogotá, Pereira, Pasto y Villavicencio; más adelante se hará en Barranquilla, Cali y Medellín. Además, el SENA desarrolla proyectos de formación con el apoyo del INCI y del INSOR y con instituciones de educación media. Esta es una muestra de que sí es posible involucrar a todos los sectores en la atención a esta población, haciéndola visible y brindándole oportunidades de productividad.
Para 2010 se espera que por lo menos el 80% de la población con discapacidad asista a la escuela; es complejo llegar al 100% pues hay personas con discapacidades severas o multi-impedidas, a quienes sus condiciones no les permiten ir a la escuela formal. Sin embargo, es responsabilidad de los gobiernos locales ofrecerles programas pertinentes.
Notas
¹ En nivel avanzado, es decir, aquellas entidades territoriales donde las instancias y personas responsables del tema cumplen con sus funciones, tienen organizada la oferta en educación formal en el 60% de los municipios no certificados y en los establecimientos educativos de los municipios certificados, y además conocen y divulgan políticas, normas, orientaciones e indicadores de educación inclusiva, están las siguientes: Antioquia, Atlántico, Caldas, Bello, Cali, Itagüí, Huila, Magdalena, Nariño, Pasto, Neiva, Envigado, Quindío, Risaralda, Armenia, Bogotá, Pereira, Sucre, Sincelejo, Tolima, Tunja, Barrancabermeja, Valle del Cauca, Soledad y San Andrés y Providencia. A su vez, en el nivel medio, que corresponde a aquellas donde las instancias y personas responsables del tema cumplen con algunas de sus funciones, tienen organizada la oferta en educación formal en el 30% de los municipios no certificados, conocen y han iniciado la divulgación de políticas, normas, orientaciones e indicadores nacionales y la producción de las propias, están: Barranquilla, Boyacá, Cauca, Cartagena, Cartago, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Duitama, Chocó, Cúcuta, Dosquebradas, Lorica, Manizales, Medellín, Meta, Fusagasugá, Guainía, Guaviare, Ibagué, Maicao, Norte de Santander, Popayán, Putumayo, Soacha, Tumaco, Bolívar, Ciénaga, Valledupar, Florencia, Santander, Sogamoso, Santa Marta y Villavicencio. Finalmente, en el nivel inicial, o sea aquellas entidades territoriales que han definido instancias y personas responsables pero no han organizado la oferta en educación formal, continúan atendiendo a los estudiantes con discapacidad en instituciones o programas segregados, y todavía no hacen un seguimiento adecuado de las políticas, normas, orientaciones e indicadores de buenas prácticas, se ubican: Amazonas, Arauca, Buenaventura, Caquetá, La Guajira, Bucaramanga, Buga, Floridablanca, Girardot, Girón, Magangué, Montería, Palmira, Sahagún, Tuluá, Turbo, Vaupés y Vichada.
² La UNESCO define inclusión como "un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. Implica cambios y modificaciones en los enfoques, las estructuras, las estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños de la franja etario adecuada y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños". UNESCO. 2005. Guidelines for inclusion: Ensuring Access to Education for All. París:
UNESCO.
³ Tutt. R. (2007). Every Child Included. London: Paul Chapman Publishing / The Association for all School Leaders (NAHT).
4 Actualmente el Icfes coordina los apoyos específicos para las personas con limitaciones visuales y para aquellos con limitaciones auditivas, y ofrece apoyos en los casos de quienes presentan limitaciones cognitivas y físicas.
5 Se han producido ocho documentos con los aportes de los maestros. Su contenido puede consultarse en los sitios web Colombia Aprende y sobre discapacidad (véase la sección Mundo Virtual).
6 La Red JUNTOS es una estrategia de intervención integral y coordinada de los diferentes organismos y niveles del Estado, que tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza extrema y lograr que éstas puedan generar sus propios ingresos de manera sostenible
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